Un ideal común para la humanidad por Juan Antonio Yáñez

Publicado en Opinión

Diciembre de 1948: el mundo acaba de salir dolorido y traumatizado de la II Guerra Mundial, un gran conflicto planetario que a su vez ha venido precedido por una prolongada depresión económica, unida al auge de los totalitarismos y todo su cortejo de persecuciones y horrores. En este ambiente sombrío, la Asamblea General de las Naciones Unidas, una naciente organización mundial que en ese momento apenas cuenta con unos sesenta Estados miembros, se reúne en París, en el palacio de Chaillot, sede del Museo del Hombre. De esa asamblea surgen dos documentos que, junto con la Carta fundacional de las Naciones Unidas, van a representar un nuevo punto de partida, desde una perspectiva política, jurídica y moral, para el mundo de la posguerra: la Convención contra el Genocidio (9 de diciembre) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre).

No es exagerado afirmar que ese paso trascendental tenía -y de ello eran sin duda conscientes los contados países que rehusaron unirse al consenso en la adopción de la declaración, entre ellos, la Unión Soviética, Suráfrica y Arabia Saudí- un alcance revolucionario. Se trataba nada menos que de dejar atrás una tradición centenaria de las relaciones internacionales basada en una concepción rígida de la soberanía absoluta del Estado en el orden interno, incluso cuando ello conduce a toda clase de tropelías contra los seres humanos.

Cumpliendo ese designio, la Carta de San Francisco (1945), por la que se establece la Organización de las Naciones Unidas, pone en su frontispicio a los pueblos del mundo (antes que a los Estados), que se declaran resueltos a "reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres...", así como a "promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad".

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