El largo y complejo problema del Sáhara por Meter Van Walsum

Publicado en Opinión

Esto me llevó a la conclusión de que sólo había dos opciones: que se prolongara indefinidamente el punto muerto actual o que se iniciaran negociaciones directas entre las partes. En dichas negociaciones habría que embarcarse sin condiciones previas, y yo reconocía que lo más realista era pronosticar que, mientras Marruecos ocupara gran parte del territorio y el Consejo de Seguridad no estuviera dispuesto a presionarle, el resultado no llegaría a ser un Sáhara Occidental independiente.

La conclusión fue criticada por quienes pensaban que no era ético esperar que el Polisario aceptara la realidad política simplemente porque Marruecos y el Consejo de Seguridad no respetaban la legalidad internacional expresada en la resolución 1514 (sobre descolonización y autodeterminación), tomada por la Asamblea General en 1960, y en la opinión consultiva de 1975 de la Corte Internacional de Justicia (sobre la ausencia de vínculos precoloniales entre Marruecos y el Sáhara Occidental que pudieran afectar a la aplicación de dicha resolución). No eran éstas críticas que un mediador pudiera limitarse a pasar por alto, pero yo tenía la sensación de que había que ponerlas en la balanza con el riesgo de dar falsas esperanzas al Polisario, animándole a no tener en cuenta algo indiscutible, que desde el inicio del contencioso en 1975, el Consejo de Seguridad siempre había dejado claro que sólo podría tolerar una solución consensuada.

Por desgracia, lo que los partidarios del Polisario le prodigaron generosamente fue precisamente esa clase de ánimo. Insistían en que tarde o temprano el Consejo reconocería que había que respetar la legalidad internacional y obligaría a Marruecos a aceptar un referéndum que diera como opción la independencia.

La razón por la que no creo que esto vaya a ocurrir es que la legalidad internacional no es lo mismo que el derecho internacional. Evidentemente, el Consejo de Seguridad tiene que acatar el derecho internacional, pero también tiene que tener en cuenta la realidad política. Tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia son órganos principales de las Naciones Unidas. No se rigen por un orden jerárquico, sino que cada uno tiene sus propios poderes, descritos en la Carta de las Naciones Unidas y en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En el Artículo 24 de dicha Carta, los Estados miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Para cumplir con ella, el Consejo no tiene más remedio que tener en cuenta la realidad política. Si lo hace así, actúa dentro de los límites que para sus poderes determina la Carta de las Naciones Unidas y se atiene, por tanto, al derecho internacional.

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