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Cerrojazo en origen

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Corbacho juega con fuego al relacionar empleo y endurecimiento de la política de inmigración

EL PAIS

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anunció ayer de manera precipitada e imprecisa la eliminación de la contratación de trabajadores extranjeros en origen, reforzada durante la pasada legislatura como parte de un paquete para combatir la inmigración clandestina. La contratación en origen constituía, junto con la ayuda al desarrollo y la cooperación en la gestión de fronteras, el reverso de una política que, en su otra vertiente, reforzaba los controles de entrada y aumentaba el ritmo de deportación de los extranjeros sin permiso de residencia y trabajando en condiciones de ilegalidad.

Corbacho hizo estas declaraciones coincidiendo con la publicación de unas preocupantes cifras de paro, que convierten a España en el país con la peor tasa de la UE. El momento escogido por el ministro no podía ser más inoportuno, puesto que invita a vincular las eventuales modificaciones de la contratación en origen con la lucha contra el desempleo y, por tanto, a establecer una relación directa entre inmigración y paro, según sostienen, en contra de toda evidencia contrastada, los grupos populistas y de ultraderecha favorables a la "preferencia nacional". Es de esperar que el Gobierno no ceda a la tentación de utilizar el desempleo como coartada para endurecer la política de inmigración, un objetivo que parece perseguir de manera encubierta desde las elecciones de marzo.


Tras más de una década de bonanza recibiendo trabajadores extranjeros, empezar por llamar la atención sobre los empleos que ocupan o que podrían ocupar cuando llegan los momentos de dificultades es jugar con fuego. Puede que el Gobierno lo esté haciendo para cerrar el flanco a las críticas del PP, que convirtió a la inmigración en chivo expiatorio de problemas como la saturación de los servicios. Pero los tiempos que se avecinan exigen responsabilidad. El cada vez más necesario pacto en materia de inmigración no será tan eficaz si, en vez de dirigirse contra los empleadores que los contratan ilegalmente, se centra en qué hacer con los extranjeros que trabajan o pretenden trabajar en España. Si el PP desea alejarse de su imagen radical, tendría que revisar la idea de inmigración como chivo expiatorio. Y haría bien el Gobierno en caminar también en esa dirección para favorecer el acuerdo, en lugar de buscarlo tanteando en dirección contraria.

La cifra de contratos en origen durante todo el año pasado fue sensiblemente menor que la de los empleos destruidos en el último mes, lo cual demuestra la escasa relevancia de este mecanismo para la evolución del mercado laboral. Por esta razón, los cambios anunciados por Corbacho responderían, de confirmarse, al deseo de hacer algún gesto demagógico en dirección a los españoles que hayan ingresado en las listas del paro más que a mejorar de manera significativa sus expectativas de trabajo. Y otro tanto cabría decir sobre la posible modificación de la lista de empleos a la que pueden acceder los extranjeros ante la imposibilidad de cubrirlos con españoles.

Puede que Corbacho haya hecho estos anuncios de manera irreflexiva, y, en ese caso, nada mejor que rectificar. Pero si son resultado de una decisión meditada, tendrá que explicar por qué la ha adoptado sin contar con empresarios y sindicatos, despreciando un mecanismo de consenso que hasta ahora había dado buenos resultados. España ha adquirido además compromisos con terceros países para favorecer la contratación en origen, y no parece conveniente desatenderlos; menos aún a través de los métodos expeditivos por los que parece sentir una rara predilección el titular de Trabajo.

No es momento de improvisaciones y bandazos en ninguna materia, pero menos que en ninguna, en inmigración.

La ONU pide 'leyes más justas' para los discapacitados árabes

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SERVIMEDIA

MADRID.- Sheikha Hissa Khalifa Al Thani, portavoz especial para la discapacidad de la Organización de Naciones Unidas en los países árabes, ha reivindicado leyes más justas para las personas con discapacidad en esa región del mundo, en una entrevista concedida al diario "The National", en la que hace balance de su labor en este cargo.

"Las personas con discapacidad se encuentran más marginadas y aisladas en la región árabe, y debido a las actitudes sociales negativas y a la ausencia de una cultura en materia de derechos humanos resultan invisibles", ha subrayado la representante de la ONU.

"Podría ser de otro modo ya que, a diferencia de los países en vías de desarrollo, naciones como Qatar o Arabia Saudí cuentan con los recursos necesarios para mejorar la situación de las personas con discapacidad, pero el obstáculo es la falta de sensibilización", añade.

Con un equipo muy limitado, Sheikha Hissa ha asesorado a políticos y personas con discapacidad de todo el mundo, y ha contribuido a elaborar 324 medidas para que los gobiernos garanticen la igualdad de oportunidades en hospitales, escuelas y lugares de trabajo.

En su labor, la portavoz de la ONU ha trabajado para que los líderes árabes, que en su mayoría consideran que las políticas de discapacidad pertenecen al ámbito de la beneficencia, cambien de actitud y basen su legislación en esta materia en los principios de la "Declaración de los Derechos Humanos".

Sheikha Hissa espera que la ratificación por varios países árabes de la "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU", contribuya a mejorar la situación de este colectivo, pero subraya que sólo será efectiva si los políticos incorporan sus principios a su legislación.

Su mandato como portavoz especial para la discapacidad de la Organización de Naciones Unidas en los países árabes, que lleva ejerciendo desde 2003, tocará a su fin a finales de este año.

Chipre abre un proceso histórico para la unificación

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Los líderes greco y turcochipriotas buscan un pacto antes de fin de año

AGENCIAS – EL PAIS

Mientras en Georgia y Serbia se levantan fronteras, el último muro construido en Europa, hace 34 años, se resquebraja: las máximas autoridades grecochipriotas y turcochipriotas se reunieron ayer en Nicosia para abrir el proceso que podría culminar con la reunificación de esta isla cuya parte sur -dos tercios y 780.000 habitantes- pertenece a la UE mientras que el norte -260.000 habitantes- alberga a 35.000 soldados turcos y cuenta sólo con el reconocimiento de Ankara.

"Ha llegado la hora de poner fin a este problema y de dar a la gente de Chipre el futuro que merece. Tenemos una voluntad común y un mismo deseo", afirmó el presidente de Chipre, el comunista Dimitris Christofias. "Estamos convencidos de que tendremos éxito y cerraremos un acuerdo pronto", añadió el líder de los turcochipriotas, Mehmet Ali Talat. Ambos se atrevieron a poner incluso plazos: antes de fin de año.

La elección contra pronóstico de Christofias el pasado febrero desatascó el proceso, enmarañado en 2004 tras el referéndum sobre el plan de Naciones Unidas, que fue avalado por el norte proturco pero rechazado por el Gobierno grecochipriota, el único reconocido internacionalmente. Los expertos consideran que tanto Christofias como Talat son moderados y que nunca se habían dado tantas condiciones para llegar a un acuerdo.

Pese a las declaraciones rimbombantes de ayer y al optimismo de los líderes, las negociaciones serán largas y tortuosas. Ayer hubo la primera toma de contacto -de gran valor simbólico al ser al máximo nivel-, pero las reuniones de trabajo no empezarán realmente hasta la semana que viene.


El conflicto chipriota -que arranca en 1974 con la invasión turca tras un golpe de Estado frustrado que pretendía unir la isla a Grecia- tiene importantes repercusiones para el conjunto de la UE y, sobre todo, para la eventual adhesión de Turquía. La UE difícilmente puede albergar a un país que ocupa militarmente otro Estado miembro. Y Turquía difícilmente se retirará de Chipre antes de ver despejado el camino hacia la UE.

La partición de Chipre ha sido especialmente perjudicial para la economía del norte, aislado del mundo. Su renta per cápita es la mitad que la del sur (9.666 euros frente a 18.879) y todo su comercio debe pasar por Turquía, lo que encarece cualquier operación. Los expertos consideran que la experiencia supone toda una advertencia para Osetia del Sur, Abjazia y otras regiones independentistas que dependen del reconocimiento de un único país. 

Ricos veranenates del Golfo en El Líbano por Tomas Alcoverro

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La Vanguardia

Estacionados en las calles de Aley y de Bhamdun hay rutilantes automóviles con matrículas del principado de Qatar, del emirato de Kuwait, del reino de Arabia Saudí. Los ricos turistas del Golfo han vuelto a pasar sus vacaciones en estos tradicionales pueblos estivales de las montañas libanesas, a sólo 15 kilómetros de Beirut. La llegada de estos anhelados visitantes -mujeres tapadas con el nikab, cubiertas de la cabeza a los pies, hombres vistiendo sus impecables dichdachas, tocados de kefias, muchachas y jóvenes luciendo ajustadas ropas de estilo occidental- ha sido un maná para la maltrecha economía local después de años de magro turismo.

Si tras los acontecimientos del 11-S, que ahuyentaron a los árabes de las naciones de Occidente, habían reanudado sus estancias veraniegas en este país amable, permisivo, donde el placer del sexo y las bebidas alcohólicas están al alcance de la mano, la guerra del verano del 2006 y las incertidumbres políticas de Líbano los habían alejado otra vez.

A partir de medianoche las amplias terrazas de los restaurantes y de las cafeterías de Aley como Lutecia, Le Petit Café, Papaya, asomadas al valle con el Mediterraneo al fondo, atestadas de turistas, se alegran con las danzas orientales, con el tradicional dabke libanés, vibran con la música, las melodías del Golfo.

Lo primero que encuentran es un clima amable, fresco, que en alguna ocasión obliga, incluso, a echarse sobre los hombres una leve prenda, cuando en sus países sufren temperaturas de 40 o 45 grados. Estos parajes, en la orilla de la carretera de Beirut a Damasco, quedan a menudo envueltos por la niebla. Tiendas de moda, zapaterías, joyerías, salones de belleza están a merced de estos clientes, a los que los libaneses tratan de explotar -percatados de que son el rey Midas- pero que saben muy bien regatear y exigir. En la principal calle de Bhamdun, localidad de ambiente de tradicionales costumbres, menos excitada y ruidosa que Aley, hay anuncios de empresas inmobiliarias. La especulación de compra y venta de edificios ha vuelto a florecer en este verano en paz.


A los libaneses se les hace la boca agua hablando de emires. En verdad, hay príncipes y princesas en esta temporada estival. No se olvide que las monarquías del petróleo rebosan de millares de personas con títulos principescos porque los miembros de las familias reinantes son legión. En Bhamdun, muchachos con vaqueros, blusas, tocados de graciosas gorritas de colores, se lamentan del aburrimiento de cada día. En algunos de sus hoteles y residencias se prohíben las visitas femeninas. Por las calles patrullan soldados armados y parejas de agentes municipales femeninos, con uniformes escarlata, para velar por el estricto cumplimiento del orden público.

A diferencia de Beirut, los veraneantes de Bhamdun viven en un ambiente relajado, piadoso, con flamantes mezquitas y alguna que otra librería, donde se exhiben lujosas ediciones del Corán. En la cafetería Diwaniya -imitando estos populares pabellones de los pueblos del Golfo en los que los hombres, arrellenados entre cojines o sentados en bancos de madera matan las horas- los parroquianos sorben tacitas de té y fuman con indolencia las pipas de agua del narguileh. Pronto llegará el mes del Ramadán...

La región de Aley, Bhamdun, Sofar, de mayoria de población drusa, mucho antes de convertirse en centro estival de moda, fue privilegiado lugar de residencias del verano de la burguesía local. Funcionaba un trenecito entre Beirut y Damasco, cuyos railes fueron arrancados hace décadas que necesistaba horas para salvar su distancia, parándose en cada una de estas estaciones, ahora abandonadas o semidestruidas, a través de las montañas y de la planicie de la Bekáa. Su nostalgía casi perdida, es la de un tiempo vencido de lentos y plácidos estios libaneses.

El largo y complejo problema del Sáhara por Meter Van Walsum

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Si el Polisario sigue exigiendo un referéndum para la independencia, Marruecos lo rechazará de nuevo y el Consejo de Seguridad insistirá en alcanzar una solución consensuada. Y nada cambiará

El Pais

Escribo esta tribuna como antiguo enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Fui nombrado inicialmente por Kofi Annan en agosto de 2005, y la quinta prórroga semianual de mi nombramiento expiró el pasado 21 de agosto. La razón por la que escribo hoy es que me gustaría aprovechar el breve interludio entre el periodo en el que he tenido que contenerme a la hora de expresar mis opiniones personales porque era el enviado personal del secretario general y el momento, muy próximo, en el que mis opiniones personales ya no interesarán a nadie porque ya no soy el enviado personal del secretario general.

En vista de los 33 años que ha durado el contencioso sobre el Sáhara Occidental, en ocasiones caigo en la tentación de pensar que no he logrado encontrarle una solución porque es un problema insoluble. Si me resisto a esa tentación es porque continúo creyendo que con voluntad política sí podría resolverse.

Mi análisis no ha cambiado desde que presenté mi primer informe oral ante el Consejo de Seguridad en enero de 2006. Pensaba que los dos componentes principales que propiciaban el punto muerto al que se había llegado eran la decisión tomada por Marruecos en abril de 2004 de no aceptar ningún referéndum que planteara una posible independencia, y la inquebrantable convicción del Consejo de Seguridad, en el sentido de que el problema del Sáhara Occidental debía resolverse gracias a una solución consensuada. Yo me centré en este último componente, porque, como apunté entonces, si el Consejo hubiera estado dispuesto a imponer una solución, mi análisis habría sido muy diferente. En realidad, la necesidad de llegar a una solución consensuada tenía que ser el punto de partida de todo análisis.


Esto me llevó a la conclusión de que sólo había dos opciones: que se prolongara indefinidamente el punto muerto actual o que se iniciaran negociaciones directas entre las partes. En dichas negociaciones habría que embarcarse sin condiciones previas, y yo reconocía que lo más realista era pronosticar que, mientras Marruecos ocupara gran parte del territorio y el Consejo de Seguridad no estuviera dispuesto a presionarle, el resultado no llegaría a ser un Sáhara Occidental independiente.

La conclusión fue criticada por quienes pensaban que no era ético esperar que el Polisario aceptara la realidad política simplemente porque Marruecos y el Consejo de Seguridad no respetaban la legalidad internacional expresada en la resolución 1514 (sobre descolonización y autodeterminación), tomada por la Asamblea General en 1960, y en la opinión consultiva de 1975 de la Corte Internacional de Justicia (sobre la ausencia de vínculos precoloniales entre Marruecos y el Sáhara Occidental que pudieran afectar a la aplicación de dicha resolución). No eran éstas críticas que un mediador pudiera limitarse a pasar por alto, pero yo tenía la sensación de que había que ponerlas en la balanza con el riesgo de dar falsas esperanzas al Polisario, animándole a no tener en cuenta algo indiscutible, que desde el inicio del contencioso en 1975, el Consejo de Seguridad siempre había dejado claro que sólo podría tolerar una solución consensuada.

Por desgracia, lo que los partidarios del Polisario le prodigaron generosamente fue precisamente esa clase de ánimo. Insistían en que tarde o temprano el Consejo reconocería que había que respetar la legalidad internacional y obligaría a Marruecos a aceptar un referéndum que diera como opción la independencia.

La razón por la que no creo que esto vaya a ocurrir es que la legalidad internacional no es lo mismo que el derecho internacional. Evidentemente, el Consejo de Seguridad tiene que acatar el derecho internacional, pero también tiene que tener en cuenta la realidad política. Tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia son órganos principales de las Naciones Unidas. No se rigen por un orden jerárquico, sino que cada uno tiene sus propios poderes, descritos en la Carta de las Naciones Unidas y en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En el Artículo 24 de dicha Carta, los Estados miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Para cumplir con ella, el Consejo no tiene más remedio que tener en cuenta la realidad política. Si lo hace así, actúa dentro de los límites que para sus poderes determina la Carta de las Naciones Unidas y se atiene, por tanto, al derecho internacional.


El Consejo no suele debatir los factores políticos que tiene en consideración cada uno de los Estados miembros, de manera que su peso relativo en la génesis de una resolución nunca se sabe, ni siquiera lo conocen los propios miembros del Consejo. Los potenciales factores políticos pueden ser, por ejemplo, el miedo al efecto desestabilizador de una acción coactiva, la seguridad de que reparar una injusticia 33 años después pueda reportar nuevas injusticias, o la renuencia a contribuir a la posible creación de otro Estado fallido.

Cuando se enfrenta a un contencioso, el Consejo decide por sí solo si se va a atener al Capítulo VI (arreglo pacífico de controversias) o al Capítulo VII (posible uso de la fuerza en caso de amenazas a la paz o actos de agresión), y sus decisiones no pueden ser invalidadas por ningún otro órgano. No hay nada en el derecho internacional que obligue al Consejo de Seguridad a utilizar todos los poderes que tiene a su disposición para poner en práctica las resoluciones de la Asamblea General o las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia.

Ésta es la razón por la que las críticas a la falta de respeto del Consejo a la legalidad internacional han tenido siempre tan pocas consecuencias. Entre los Estados miembros del Consejo que con más decisión insisten en que sólo puede haber una solución consensuada para el problema del Sáhara Occidental, nunca me he topado con ninguno que pensara que esta insistencia pudiera, por tanto, vulnerar el derecho internacional. Todo esto no significa que en el Consejo no haya a quien le preocupe que se continúe en punto muerto. Sin embargo, sí está aumentando la sensación de que la insistencia del Polisario en la independencia total del Sáhara Occidental tiene la consecuencia no deseada de agravar el bloqueo y de perpetuar el statu quo.


Hay una salida, pero es muy laboriosa, y conllevaría el mantenimiento de difíciles y auténticas negociaciones. Si el Polisario pudiera contemplar una hipotética solución negociada que no fuera la independencia total, contaría inmediatamente con un abrumador apoyo internacional para su lógica insistencia en la plasmación de garantías sólidas, avaladas internacionalmente, de que en el futuro no se revoque el acuerdo constitucional pactado o de que, aduciendo razones de seguridad nacional, no se vayan socavando gradualmente derechos civiles como la libertad de expresión. Si en algún momento futuro el Polisario está dispuesto a examinar esta posibilidad, espero que no se limite a introducir enmiendas en la propuesta marroquí, sino que presente su propia propuesta global de autonomía.

No espero que el Polisario dé ese paso en un futuro previsible. Nada cambiará por el momento: el Polisario seguirá exigiendo un referéndum que plantee la opción independentista, Marruecos continuará rechazándolo y el Consejo de Seguridad seguirá insistiendo en alcanzar una solución consensuada. Entretanto, la comunidad internacional continuará acostumbrándose al statu quo.

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