Aprobada la nueva Ley de Extranjería con poco consenso en el Congreso y con la oposición de 500 ONG
Las ONG creen que la reforma pone en riesgo el futuro de inclusión y limita seriamente los derechos fundamentales de las personas inmigrantes.
CANAL SOLIDARIO
El pasado jueves se aprobó en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Extranjería con 180 votos a favor (PSOE, CiU y Coalición Canaria) y 163 en contra (PP, IU-ICV-ERC y PNV).
La nueva ley ampliará a 60 días el plazo máximo que un inmigrante puede estar privado de libertad en espera de expulsión, limita la reagrupación familiar al cónyuge e hijos menores, contempla la regularización por violencia de género, refuerza las competencias de las autonomías sobre la extranjería y endurece las sanciones para quienes promuevan la inmigración irregular o el tráfico de personas, entre otras medidas.
Según el ministro de Trabajo e Inmigración, Clestino Corbacho, "el tiempo determinará que esta ha sido una buena corrección y es una buena ley porque ha modificado elementos que discriminaban a los extranjeros y ha incorporado la perspectiva de la integración” ya que "España tiene dos retos: apostar por una inmigración regular y legal y apostar decididamente por un proyecto de integración".
Los partidos opositores a la reforma
Por otra parte, el PP considera que el reconocimiento de competencias para gestionar los permisos iniciales de trabajo o negociar acuerdos bilaterales de colaboración con los países de origen de la inmigración "no tiene encaje constitucional, aumentará la inseguridad jurídica y supondrá el colapso de los Tribunales Superiores de Justicia".
Además, el PP ha criticado que la reforma haya sido aprobada sin su consentimiento."Nos han excluído; han preferido antes un acuerdo minimalista, un mal acuerdo, que un gran pacto".
