Derechos humanos, ¿la utopía del XXI? Por Miguel Ángel Moratinos

Nuestro país se incorporó tardíamente al proceso de expansión de los derechos humanos y en 1977 ratificó los Pactos de Nueva York, plasmación jurídica más desarrollada de la Declaración Universal. Los derechos y libertades recogidos en su texto constituyen uno de los más importantes pilares de la transición democrática. La Declaración se menciona en el artículo 10.2 de la Constitución Española como punto de referencia para la interpretación de cualquier norma relativa a los derechos fundamentales. Sobre este pilar la España democrática ha levantado un espacio de referencia en la protección y promoción de los derechos humanos, tanto a nivel nacional, con el Plan Nacional de Derechos Humanos, como en la esfera internacional. Hemos suscrito la práctica totalidad de los convenios y convenciones internacionales de defensa de los derechos humanos, así como sus protocolos, al tiempo que hemos apoyado activamente la creación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a él hemos elevado diversas resoluciones. El Gobierno socialista ha aumentado significativamente las contribuciones financieras a organismos defensores de los derechos humanos y, fundamentalmente, a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Su defensa se ha integrado como prioridad horizontal de nuestra política exterior y de cooperación internacional para el desarrollo, e impregna la totalidad de las relaciones multilaterales y bilaterales, al tiempo que es la base de nuestra diplomacia pública y cultural. Por ello, se han puesto en marcha programas y acciones impulsados por el Gobierno y actuaciones políticas como el llamamiento al cierre de la prisión de Guantámano, la transparencia en el manejo de los vuelos norteamericanos con escala técnica en nuestro país y con destino a esta base, o el impulso del Gobierno español al Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, con el fin de asistir a los liberados de estas instalaciones y conocer sus condiciones de detención y reclusión.